1) No ha sido un debate animalista. O no solo. Lo pudo ser en su origen, con la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que contó con 180.000 firmas -un 2% de la población de Cataluña-, pero en cuanto entró en el Parlamento de Cataluña se corrigió el texto para salvar de la prohibición los correbous de Tarragona. Pero no solo eso. Tal y como apunta el profesor de Filosofía de la UNED Gregorio Luri: “Hoy es inmoral todo lo que molesta a una visión del mundo caracterizada por su ceguera selectiva”. Es decir, la reforma de la norma aprobada ayer -que no es más que sumar un epígrafe específico para las corridas de toros (y eliminar el epígrafe excepcional) a la ley que establece unas condiciones mínimas para los animales- no prohíbe la pesca deportiva donde, por ejemplo, se mata a los peces por el mero placer de verlos cómo mueren asfixiados:

f. Las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, y también los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros, excepto las fiestas con toros o bueyes a que se refiere el apartado 2 [los correbous].

Tampoco prohíbe -¡cómo podría hacerlo!- la elaboración de paté, es decir, de la pasta comestible, untable, hecha a base de carne o hígado, generalmente de cerdo o aves. Y, por lo tanto, no prohíbe su elaboración. ¡Ni el pollo a l’ast o pollo asado! No ha sido, entonces, un debate animalista.

2) No ha sido un debate identitario. O no solo. De haber sido así, ni uno solo de los diputados autonómicos de CiU hubiera votado a favor de mantener las corridas de toros en Cataluña. Barcelona ha sido la única ciudad del mundo con tres plazas de toros en activo al mismo tiempo. Es, actualmente, al menos hasta el 1 de enero de 2012, una de las nueve plazas de primera en España y todos los toreros quieren pisar el albero durante la temporada. Pero es que la tauromaquia, en su sentido más amplio, es una tradición originaria del Mediterráneo. La historia de muchos pueblos de Tarragona no se entiende sin la tradición, la costumbre, la empresa y el día a día alrededor de los toros, antes y ahora. No parece pues que los 13 -seis abstenciones y siete en contra- diputados autonómicos nacionalistas que no han apoyado la prohibición de las corridas se hayan transformado en furibundos españolistas. Otra cosa ha sido ERC. Joan Puigcercós, presidente de los independentistas y candidato a presidir la Generalidad tras las elecciones de otoño, lo ha dejado escrito en su blog: los catalanes somos diferentes y hemos de marcar paquete. Es más, no esconde (probablemente de forma inconsciente) el objetivo de su voto confirmando la teoría del profesor Luri: “La tortura y la muerte en la plaza pública habrá dejado de ser un espectáculo en nuestra casa”. La muerte y la tortura seguirán, pero no como espectáculo. No ha sido, entonces, un debate identitario.

3) No ha sido un debate ideológico. O no solo. O no entre izquierda y derecha. Y desde luego este es el debate más evidente. La prohibición no tiene nada que ver con ser de derechas, ser de izquierdas, de centro o mediopensionista. Por más que algunos pretendan sacar pecho para atacar al PP o mezclen churras con merinas. A algunos les gustaría que los presidentes de Castilla-La Mancha o Andalucía fueran conservadores, pero tanto Barreda como Griñán han sido dos de los políticos más críticos con la decisión del Parlamento de Cataluña y son -al menos, de momento- dirigentes socialistas. También se ha manifestado muy duro el cineasta Díaz Yanes. Como lo fue el cantante Calamaro. Todos, personajes progresistas. Sí, posiblemente el PP quiera llevarse una parte del electorado del PSOE en este tema. Puede ser. Pero eso tendrán que hablarlo los dirigentes del PSOE en Ferraz con el PSC. Díaz Yanes lo ha dejado dicho: “Una gran culpa [de la prohibición] la tiene el PSC”. El promotor de la prohibición de las corridas en Canarias es ahora dirigente del PP. No ha sido, entonces, un debate ideológico entre la izquierda y la derecha.

4) Sí ha sido un debate político. O casi. En el plano político, la gran vencedora es ICV-EUiA. Podrá venderlo durante las próximas semanas (electorales) como un éxito. ERC lo tendrá más complicado pues su presencia en Tarragona es mayor. Pero desde luego -dejando a un lado el desgaste, uno más, que supondrá para el PSC- el gran gol ha sido del PACMA, partido extraparlamentario que como caballo de Troya ha sabido jugar sus bazas. De hecho, la que ayer defendió la ILP desde el estrado del Parlamento autonómico, Anna Mulà Arribas, fue en las listas del partido abolicionista, de número seis, en las últimas elecciones. Otro caso, el del representante más mediático de la plataforma impulsora de la ILP, un argentino, Leonardo Anselmi, ha sido asesor político del representante de ICV en la Eurocámara, Raül Romeva. Por lo tanto, el debate fue político desde el primer momento.

5) No tiene nada que ver con las Canarias. O casi nada. Efectivamente. En 1991, el Parlamento de las Canarias prohibió (Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales, Artículo 5.1) los festejos en los que se utilizaban “animales” y otras actividades “que conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento” de los mismos. Eso sí, la hipocresía que ha rodeado el debate político en Cataluña ya se plasmó en las islas españolas del Atlántico: la misma ley, vendida como de protección a los animales, permite en su artículo 5.2 que sí se programen y realicen “peleas de gallos en aquellas localidades en que tradicionalmente se hayan venido celebrando”. Es decir, la ley canaria prohíbe la muerte del toro (y del resto de animales) pero no la muerte del gallo, tras la correspondiente venta/compra de la entrada del espectáculo. Además, en las Canarias, ya en 1991, hacía años que no se celebraban corridas de toros, una diferencia notable con Cataluña, donde, a duras penas eso sí, todavía se celebran corridas. Por lo tanto la única similitud entre ambas CCAA es la hipocresía de los políticos -en las Canarias, por cierto, impulsado por un representante actualmente del PP- a la hora de equiparar ambas normas. La siguiente en prohibir las corridas podría ser Baleares, donde tampoco se llevan a cabo corridas de toros. Por lo tanto, nada tiene que ver la decisión en Cataluña con la de las Islas Canarias.

No ha sido solo uno de estos temas los que ha llevado al Parlamento autonómico de Cataluña prohibir las corridas de toros. Ni siquiera la absurda (y demagógica) reivindicación de derechos para los animales equiparándolos (¡equiparándolos!) a los derechos de las personas. Ni el de la libertad de las personas a hacer lo que nos dé la gana. ¡Liberticidas, liberticidas! Y, sin embargo, ha sido un poco de cada uno de ellos.

Para que Montilla tenga que salir a la carrera:

Por cierto, el millón catalán está un pelín barato, últimamente. El pueblo, es decir entre 56.000 y 64.400 personas.

1) Zapatero mintió. Sí, lo hizo, fue en un mitin autonómico en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 13 de noviembre de 2003, tres días antes de la primera victoria del tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA) tras 23 años de pujolismo. Ante las cámaras de televisión. Probablemente, porque se veía en la oposición -el PP gobernaba con mayoría absoluta desde 2000- aseguró que respaldaría el Estatuto de Autonomía que aprobara el Parlamento de Cataluña. Quedó implícito que respaldaría un texto legal, es cierto, y en una entrevista posterior matizó que eso lo había dicho en un mitin y que luego se tenía que plasmar políticamente. Cierto. Este fue el primero de los errores. El PSOE confió en el PSC de Pasqual Maragall -muñidor teórico de la idea de un nuevo Estatuto, que la ciudadanía no demandaba, por el que pasar a la historia tras la alargada sombra de Jordi Pujol- y los socialistas catalanes utilizaron como arma política, empujados también por nacionalistas e independentitas, la frase del entonces candidato a la presidencia del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.

2) El Parlamento autonómico aprobó una aberración jurídica. Lo que la Cámara catalana aprobó el 30 de septiembre de 2005, con Zapatero ya en el Gobierno y por lo tanto con el favor en el debe al PSC (que agrandó el debe que tenía tras el XXXV Congreso del PSOE que proclamó secretario general a Zapatero por delante de José Bono), no tenía ninguna cabida en el ordenamiento jurídico. Fue una declaración de intenciones, de máximos, lamentablemente aprobada en un parlamento democrático, para no romper un tripartito que, aparentemente, estaba cohesionado -Maragall, Carod-Rovira y Saura- pero que en un tema del calado como es un estatuto de autonomía no compartían el fondo. A ERC le parecía poco y al PSC demasiado. Las alarmas saltaron en la calle Ferraz de Madrid. El texto aprobado por el PSC era inasumible -ya no solo jurídicamente, sobre todo en lo político- para el PSOE. El supuesto federalismo se quería convertir en confederal. CiU no podía quedarse fuera, el PP se desmarcó -entonces estaba Josep Piqué- y la distancia entre política y ciudadanía permitió que en las elecciones de noviembre de 2006 apareciera en la escena parlamentaria Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

3) La Cortes aprobaron un texto notablemente inconstitucional. Alfonso Guerra aseguró que le habían pasado el cepillo al texto del 30 de septiembre. Y se hizo. Sin embargo, el fallo de la sentencia del TC pone de manifiesto que el texto estatutario que salió del Legislador contenía partes inconstitucionales. No pasa nada. Es cierto. La función del TC es precisamente la de adecuar -en negativo- los textos legislativos a la Carta Magna. Así se ha hecho. Pero este tercer error dio juego político al PP.

4) El PP lanzó un órdago y nunca sabrá si lo ganó. El popular Trillo presentó el 31 de julio de 2006 el recurso de inconstitucionalidad de los conservadores ante el Tribunal Constitucional, que lo acepta a trámite el 28 de septiembre. 124 preceptos. Ahora el TC le ha dado la razón en 14, más el término nación en el preámbulo, y habrá que ver como interpreta los 27 restantes que ha anunciado. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Una victoria política del PP, sin duda, hubiera sido que el Alto Tribunal tocará los 124 del recurso presentado. Pero de ahí para abajo, ¿cuántos consideran los conservadores como para cantar victoria? Es pronto para saberlo, pero lo peor de todo es que puede que nunca lo sepamos. Desde luego, la sentencia les quita un gran peso de encima. Como de 408 páginas que son las que ocupa el recurso. Es cierto que el PSC no quería una sentencia antes de las autonómicas del próximo otoño, está en juego el tercer tripartito o el primer gobierno de Artur Mas, pero no es menos cierto que el PP de Mariano Rajoy no podrá sacar pecho de una sentencia que es en su mayor parte interpretativa y que deja abierta la vía perpetua de acudir a los tribunales.

5) La ciudadanía no pidió un nuevo Estatuto y los políticos no pueden delegar su responsabilidad. ERC ha dicho que no acata la sentencia. El populismo y las emociones. No es una buena noticia para Montilla. Los independentistas forman gobierno autonómico con el PSC y estos no pueden seguir sentados en la misma mesa en el Palacio de la Generalidad de la Plaza de San Jaime de Barcelona, cada martes, con una formación que no acata las sentencias del máximo órgano que encaja las leyes en la legalidad. Menos, aún, cuando desde el PSOE han valorado positivamente la sentencia. Maragall tuvo que romper con Carod-Rovira tras una reunión secreta de este con terroristas de ETA, a espaldas del presidente autonómico de entonces. Tampoco servirán de nada, como apunta El País en su editorial postsentencia, las “manifestaciones callejeras” que el mismo Montilla está alentando. ¿Contra quién? ¿Contra las Cortes? ¿Contra el Constitucional? ¿Contra el PSOE que ha salido a decir que la sentencia pone punto y final a la discusión sobre el Estatuto?

6) Fracaso colectivo. Llegados a este punto da igual que uno se sienta solo catalán, solo español, tan catalán como español, o únicamente medio pensionista, el fracaso político ha arrastrado al mundo social, económico y periodístico -doce diarios de Cataluña llegaron a firmar un editorial conjunto, algo que no se ve en las democracias occidentales- a una defensa absurda de posiciones más a gusto de los primeros que de todos los segundos. Prueba de ello han sido los titulares de los principales diarios del día después. No hay uno solo que se ajuste a la realidad. O sí. Una realidad interpretativa -que se verá en la cantidad de sentencias que tendrán que firmar los tribunales- que se resume en un simple: El Tribunal Constitucional ajusta el Estatuto de Autonomía a la máxima ley. Quién lo iba a decir. Al final, ha sido el TC quien ha dado una lección a los políticos.

1) Conocimiento del acto de la firma. A principios de semana, las agencias de noticias y el departamento de Cultura y Medios de Comunicación anunciaron que el viernes el consejero se desplazaría a Andorra para firmar el acuerdo para compartir las emisiones de las televisiones públicas. Desde que se produjo el apagón analógico y se implantó la TDT, Andorra TV dejó de verse en las comarcas catalanas cercanas. Las cadenas de la Televisión de Cataluña (TV3, Canal 33, 3/24…), sin embargo, sí se ven en Andorra. El acuerdo legalizaría lo que ya se producía de facto analógicamente. El Gobierno de Andorra nos confirma que la firma estaba prevista para el viernes.

2) ¿Puede un gobierno autonómico ceder un canal de TDT a una televisión extranjera? En la modesta y humilde, pero profesional, redacción de La Voz de Barcelona saltaron las dudas. Parace lógico que, al compartir rasgos culturales, los andorranos puedan ver las televisiones de España y Francia. Y que, al menos los catalanes por el tema lingüístico, puedan disfrutar de la televisión de Andorra. Pero, ¿se puede firmar un acuerdo de estas características sin el visto bueno del Gobierno? Es más, en la redacción nos planteamos llevar el ejemplo al absurdo, pero posible, aunque poco probable, de que, si no se necesitara autorización estatal, el gobierno andaluz, por ejemplo o cualquier otro, cediese un canal de TDT a la televisión, pongamos por caso, austríaca. Técnicamente se puede. Pero ¿legalmente, sin autorización del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo?

3) Industria no sabe nada. Es entonces cuando Industria se entera de que el viernes se firmará ese acuerdo. Estamos a mediados de semana. En un primer momento nos confirman que sí, que las CCAA pueden firmar este tipo de acuerdos sin autorización del Gobierno desde que se aprobó una directiva de la Unión Europea (UE). Pero tienen una duda. Andorra no es un estado miembro de la UE y, por lo tanto, en Industria necesitan algo más de tiempo para confirmar que el acuerdo cumple con la legalidad. No será hasta el mismo viernes cuando tengan la respuesta definitiva: el Gobierno necesita dar el ok a este tipo de acuerdos entre dos estados, sean o no de la UE. Estamos a una hora y cuarto de la firma de un acuerdo que en Industria desconocen y que para que sea reconocido deben dar su visto bueno. El Gobierno autonómico de Aragón nos asegura, entonces, que no participa en el acuerdo pese a que en un principio se insinuó que sí podría hacerlo. Desde Cultura y Medios de Comunicación nos remiten al comunicado que enviarán tras la firma. No saben nada de posibles irregularidades. La Generalidad, el Gobierno de Andorra y representantes de las comarcas afectadas estampan su firma.

4) La nota de prensa oficial. La Generalidad de Cataluña envía un comunicado de prensa y dos fotografías a todos los medios y lo cuelga minutos después en su web pública. Antes, la agencia de noticias autonómica -perteneciente a la Corporación Catalana de Medios de Comunicación y esta del Gobierno de la Generalidad- publica la noticia y algunas fotografías más del acto (que rápidamente publica la web del canal 3/24 y amplía esa misma noche). No aparecen las dudas de lo firmado. A los pocos minutos de la nota oficial, Efe (aquí tal y como lo recoge Abc, aquí como lo hace el Colegio de Periodistas de Cataluña y aquí el Diari de Girona) y Europa Press rebotan la nota oficial de la Generalidad. Sin una duda, sin una comprobación, sin una queja, sin una investigación, sin una pregunta. Tal cual. Lo que diga el Gobierno de la Generalidad va a misa. Quieren dar fe de que se ha firmado un acuerdo de reciprocidad pero en realidad dan fe de que la Consejería de Cultura y Medios de Comunicación ha enviado una nota diciendo que se ha firmado el acuerdo. Y sí, el acuerdo se ha firmado pero ¿basta con eso?

5) En El Periódico leen La Voz de Barcelona.  Todos los diarios, digitales y gutemberianos, replican (Terra, Qué!, El Punt/Avui, e-notícies, La Malla) sin contemplaciones las notas de agencia. Tal cual, sin dudas, sin preguntas, sin cuestiones. No hay preguntas, señor político. ¿Todos? No, todos, no. El Periódico de Catalunya en su página 77 (de 80; la imagen adjunta es el detalle) de la edición de este sábado, en un breve, da conocimiento de la noticia de la firma del acuerdo. Pero, ¡recórcholis!, pese a su brevedad, la mitad del apunte es para indicar que Industria considera irregular el acuerdo entre la Generalidad y el Gobierno de Andorra. Lo mismo, justamente lo mismo, que el acertado titular por el que apostamos en La Voz de Barcelona y que no es más (ni menos) que poner de manifiesto las dudas que tienen en Industria: ese tipo de acuerdos necesita la autorización del Gobierno y la Generalidad no la tiene, por lo que podría ser irregular. ¿Han contactado con la misma fuente que nosotros en El Periódico? Si no es así, ¿se fían de lo que publica otro medio y no lo comprueban?

6) Dudas que deben aclararse. Puede que la cosa quede en nada, pues la directiva de la UE no la entienden ni en el mismo Ministerio, y Andorra, pese a no ser miembro de la Unión, tiene acuerdos bilaterales con España que en muchos casos, en la práctica, es como si perteneciera a la UE. Puede, tal vez, que enterados ahora en Industria de la firma del acuerdo irregular se pongan en contacto con la Generalidad y, a toro pasado, lo den por válido. Pero, desde luego, la pregunta que se deben hacer en las redacciones (y, sobre todo, en los despachos de los consejeros delegados) es: ¿en qué momento los periódicos dejaron de hacer periodismo para convertirse en agencias de noticias de los gobiernos?

1) Las normas. Por debajo de la norma básica del sentido común, cruzar una vía de tren por un lugar no autorizado y sin permiso supone un riesgo evidente, tenemos en Cataluña la Ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria, que establece por escrito los deberes de los usuarios de trenes.

Artículo 50.2: Se prohíben, a los usuarios del sistema de transporte ferroviario de Cataluña, de acuerdo con las obligaciones establecidas por el apartado 1, las siguientes actuaciones…

o. Entrar en las vías férreas o transitar por las mismas, salvo que se disponga de una autorización otorgada expresamente. Las vías deben cruzarse por los lugares determinados a tal efecto, con las limitaciones o las condiciones que se establezcan para su utilización.

De hecho, el incumplimiento de la norma puede ser sancionado con una multa. Hoy, por ejemplo, se ha denunciado a una mujer extranjera que ha cruzado las vías de tren de la estación de Playa de Castelldefels por un lugar no indicado para ello. Hay que recordar que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento y menos del pago de la multa.

2) La investigación. Hay cuatro abiertas. La del Juzgado de Gavá, de Renfe, de Adif y la de la Comisión de Accidentes Ferroviarios del Ministerio de Fomento. Será difícil dictaminar una conclusión distinta en cada una de ellas. Sí podrán recomendar parches de cara al futuro. Por ejemplo, una verja que separe todas y cada una de las vías de tren en las estaciones. Ya no sirve solo que las estaciones estén aisladas, cabe aislar las vías. Sin embargo, esto no cambia para nada la responsabilidad del accidente de la noche de San Juan. El subterráneo estaba indicado.

3) La política. No hay más remedio que admitir desde el primer momento, y una vez sabido que la estación cumplía con las normas, que la irresponsabilidad de los que cruzaron las vías del tren en el momento del paso del tren Altaris fue lo único que debía haberse evitado. Tanto el consejero Nadal como el ministro Blanco dijeron lo que sabían y lo que debían: “No se puede cruzar a través de las vías. [...] Está totalmente prohibido”. Precisamente para evitar este tipo de desgracias.

4) La prensa. No podía faltar. En un caso como este sale el amarillismo por doquier. Portadas que preguntan, pese a tener las respuestas, o que insinúan cosas que no son. Luego está lo de buscar culpables. Y si puede ser que estén vivos mejor, aunque no sean los responsables de la tragedia. No hay muchas incógnitas, en el plano periodístico. Los hechos son los hechos y ahí están, como apunta Toni Piqué:

a) Hacia las 23:23 del miércoles, un grupo de unas 30 jóvenes atravesó las vías por donde no se debe para asistir a la verbena de Sant Joan en la playa de Castelldefels. Eso está prohibido, por muy común, incomún o mediopensionista que sea. Tan prohibido como ir a 240 km/h por una comarcal o matar a tu vecino.
b) El tren rápido que desde hace años pasa por esa estación sin parar y a esa hora les atropelló: hay trece muertos y catorce heridos, tres de ellos muy graves.
c) La estación se remodeló hace siete meses y cumple todas las normas de seguridad y accesibilidad: hay un magnífico paso subterráneo para cambiar de andenes, está bien señalizada, etc.
d) La policía catalana y otros agentes públicos estaban llegando a esa hora a la estación para cubrir el regreso de los festeros. Pudieron atender el desastre inmediatamente y lo mismo ocurrió con los servicios sanitarios cercanos, que son muchos y buenos: hay al menos tres grandes hospitales públicos en menos de 10 km a la redonda, bien comunicados.

Luego está lo que no queremos asumir y censuramos. O lo que colamos como si tuviera algo que ver. Àngels Coté, concejala de ERC en Castelldefels, denunció en noviembre de 2009 y abril de 2010 que la estación se podría convertir en una “ratonera” en la noche de San Juan o en los meses de verano al acumularse mucha gente. Y ahí están los medios sacándolo a colación. ¡Cómo si tuviera algo que ver! El paso subterráneo podía haber tenido diez metros más de ancho que eso no hubiera evitado el atropello de quien hubiera cruzado la vía en ese mismo momento. La mujer que hoy ha cruzado las vías de tren de la estación de Playa de Castelldefels lo podía haber hecho por el subterráneo. Sí, es hora de ir madurando y de asumir las responsabilidad de nuestros actos. Los medios de comunicación podrían ir ayudando a ello y recordar, aunque sea de vez en cuando, que los ciudadanos son responsables de sus actos.