Desde 2004 (año anterior al traslado) hasta la fecha, el organismo no sólo ha incrementado en un 58% sus costes de personal por los incentivos del cambio de residencia de Madrid a la Ciudad Condal, sino que también sigue afrontando el pago de un alquiler de 1,8 millones de euros por su sede provisional, según consta en su memoria anual de 2007. Además, el pasado julio la CMT encargó la construcción en Barcelona de un edificio de 12.200 metros cuadrados y diez plantas para ubicar una plantilla de menos de 120 trabajadores.

El coste de la construcción de la futura sede (con el suelo incluido) alcanza los 62,5 millones de euros, frente a los 37 millones con los que Patrimonio compensó al regulador por la cesión al Estado de su antiguo edificio en Madrid, que hoy alberga el Ministerio de Igualdad.

Aunque la CMT es un organismo que se autofinancia con el cobro de tasas a los operadores, depende de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (SETSI) del Ministerio de Industria y parte de sus beneficios, como las multas que recauda por las sanciones a las empresas del sector, los ingresa en el Tesoro Público.La estrecha relación del organismo con la SETSI obliga al Ministerio a afrontar un gasto extra mensual en billetes para el puente aéreo o el AVE Madrid-Barcelona, ya que para vigilar al antiguo monopolio y regular los mercados deben estar en contacto permanente.

También las operadoras, que costean los gastos del regulador, asumen el pago de varios viajes al mes a Barcelona para que los responsables de sus departamentos de Regulación se reúnan con la autoridad.

Las compañías del sector han aceptado el pago de los desplazamientos, pero en contra del plan de los artífices del traslado a Barcelona (Rodríguez Zapatero, su ex ministro de Industria, José Montilla, y el ex presidente de la Generalitat, Pascual Maragall), ninguna ha querido trasladar su equipo de regulación a Cataluña. Sólo Telefónica cuenta allí con un grupo de personas, pero el grueso de su plantilla y su director de Regulación trabajan en Madrid.

«Maragall con una mezcla de disparate o ingenuidad creía que las empresas de telecomunicaciones seguirían a la CMT a Barcelona.Quería formar en torno al regulador un cluster de las telecomunicaciones y abrieron el grifo para conseguirlo», recuerda el ex presidente de la CMT, Carlos Bustelo, en declaraciones a este diario.

El interés del PSC por acoger estas compañías lo explican las cifras del sector. En 2007, las telecos ingresaron 44.300 millones de euros, que son casi el 4,3% del PIB español.

Además, Telefónica y sus rivales son compañías intensivas en inversión, incluso en tiempos de crisis como el actual. El pasado año, la inversión bruta de las telecos fue de 5.755 millones de euros, según datos de la CMT.

Las fuentes del sector preguntadas coinciden en que el traslado del regulador, enmarcado en los planes de descentralización del Estado, fue una decisión equivocada.

«Una cosa es sacar de Madrid organismos de nueva creación como han hecho con Inteco (el Instituto Nacional de Tecnologías de Comunicación) y otra llevarse una institución que contaba con un capital humano muy difícil de sustituir, como era la CMT», señalan algunos implicados en el traslado.

Sin embargo, desde el PP la valoración es diferente. «El tiempo transcurrido no es suficiente para hacer un balance. La importancia y la utilidad de la CMT depende de su prestigio, independencia y eficacia. En este sentido, el balance del funcionamiento de la Comisión es globalmente satisfactorio», afirma el portavoz del Grupo Popular en el Congreso para Sociedad de la Información, Miguel Angel Cortés.

Además del coste económico, la pérdida de capital humano tuvo un grave impacto en el sector tras la mudanza, ya que muchos especialistas en regulación se acogieron a la opción de recolocarse en otros organismos públicos en Madrid y sustituirlos no fue fácil.

Para animar a los empleados a cambiar de residencia, Industria y el comité de empresa del organismo pactaron unas condiciones muy ventajosas para los trabajadores, pero caras para la Administración.Se dieron ayudas para los traslados temporales o definitivos con incrementos salariales, ayudas para vivienda de hasta 1.300 euros mensuales, billetes de avión y ayudas al traslado de 12.000 euros con un incremento del 20% por cada miembro de la familia.

El resultado de esos incentivos fue elevar el gasto de personal desde 7,2 millones de euros en 2004 (año anterior al traslado), hasta 11,5 millones en 2007.

Con estas ayudas se logró el apoyo del comité de empresa que ahora guarda silencio sobre las consecuencias del traslado. Pero, gran parte del equipo rechazó mudarse. «Al principio, llamaban desde Barcelona a ex empleados que se habían recolocado en la Administración para que hicieran los estudios desde Madrid», recuerdan en el sector.

El próximo año, técnicos del organismo también podrían regresar a la capital española, ya que el periodo de recolocación en otros organismos estatales finaliza en junio de 2009.

En la traumática mudanza, la CMT también se quedó sin su presidente, Carlos Bustelo, que presentó su dimisión por no estar conforme con esta decisión del Gobierno.

En marzo de 2005, Bustelo remitió una carta a Rodríguez Zapatero, que el jefe del Ejecutivo nunca contestó, para exponerle los motivos de su renuncia al cargo.

«El Gobierno no ha estimado necesario consultar previamente a los afectados ni explicar después a los españoles -que pagarán de su bolsillo la elevada factura del traslado y sus consecuencias- las ventajas de una decisión sin precedentes en la España democrática», denunció en la misiva. En aquella carta, Bustelo también expresaba su disconformidad con la decisión de Industria de organizar «el forzoso traslado» sin permitir que el Consejo del organismo autónomo dirigiera la operación.

El Ministerio no ha publicado nunca el coste económico de esta decisión, pero Bustelo recuerda que los fondos de la CMT en 2005 eran de unos 50 millones de euros. En menos de un año, ya se habían consumido 20 millones, señala otra fuente.

Como sucesor de Bustelo se nombró a Reinaldo Rodríguez, consejero de la CMT desde 1996. Precisamente, el próximo 20 de diciembre, Rodríguez concluye su mandato como consejero, aunque el Gobierno podría mantenerlo en la presidencia en la que sólo lleva tres años.

Además de la decisión sobre el futuro del presidente, Industria, junto con el Ministerio de Economía debe decidir si renueva al consejero Albert Martí y nombrar otros tres en sustitución de Crisanto Plaza, Antoni Elías y Gloria Calvo. Esa decisión, que se pacta con la oposición, podría retrasarse para que el consejo actual siga en funciones hasta que la regulación sobre fibra óptica esté lista, lo que está previsto para fin de año.

ALGUNOS GASTOS 'EXTRA'11,558 millones de euros: En 2007, el coste en personal de la CMT alcanzó esa cifra, lo que representa un incremento superior al 58% en esta partida con respecto a 2004.

62,5 millones de euros: El regulador ha encargado una sede de diez plantas para 120 empleados por ese importe.

1,8 millones de euros: Es el gasto destinado en 2007 al alquiler de la sede provisional en la Torre Mapfre, donde se instaló en 2005.

50 millones de euros: El ex presidente de la CMT cifra en esta cantidad los fondos que el regulador tenía antes del traslado.El Ministerio de Industria no facilita la cifra del coste total de la mudanza a Barcelona.