Sin resolver la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía, lo de las veguerías no ha hecho más que empezar. Hace unos días eran el alcalde de Lérida y el síndico general de Arán los que mostraban su disconformidad con la ley aprobada en el Parlamento autonómico. Ayer, el PP confirmó que piensa acudir al Consejo de Garantías Estatutarias -también recurrido en el Tribunal Constitucional- para frenarla y el Ayuntamiento de Amposta avanzó que pedirá compartir con Tortosa la capitalidad de la veguería del Ebro, algo que de momento no está previsto. Este sábado, el vicepresidente tercero y de Política Territorial, Manuel Chaves, ya ha advertido de que la división territorial de Cataluña no depende de la Generalidad, por lo que si las veguerías afectan a “los límites de las provincias, es decir, que representa un alteración de los límites provinciales o implica una desaparición de las provincias”, la ley autonómica sería “inconstitucional porque afectaría a las competencias que corresponden al Estado”. Teniendo en cuenta que una de las consecuencias inmediatas de la creación de las siete veguerías es la desaparición de las cuatro diputaciones, esto tiene pinta de convertirse en otro culebrón. No si, al final, tendrá razón Sostres.