¿Por qué el Gobierno no aplica el modelo de financiación autonómica que considere más justo? Si un ejecutivo se proclama de izquierda o progresista lo lógico sería que primase unos servicios, prestaciones e inversiones frente a un gobierno conservador, que priorizaría otros gastos públicos. El sistema de financiación autonómica permite al Gobierno de turno aprobar el modelo que considere oportuno. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera por los dos tercios de los votos del Consejo, en primera ronda, o por una mayoría absoluta, en segunda -para esta segunda opción al Gobierno solo le haría falta contar con el apoyo del representante de una Comunidad Autónoma-. Para pasar, posteriormente, al Congreso.
Estamos presenciando la mayor tómbola económica vivida en democracia. Las CCAA piden a su gusto y el Gobierno dispone al de solo unos pocos -que en algún caso bastaría con que fuera el de una autonomía y, para más inri, de Navarra o País Vasco que no compiten en el Consejo pero sí deciden-. Lo ha expuesto Joseba Arregi, ex consejero del Gobierno autonómico del País Vasco, en El Mundo este lunes: ‘el debate actual sobre financiación autonómica, unido a la propagación de la voluntad de bilateralidad en la relación de cada autonomía con la Administración general, aunque la referencia sea siempre, y es muy significativo, con el Estado, produce inestabilidad y hace que éste, en lugar de serlo, parezca un bazar oriental en el que todo está sometido a la capacidad no del que más puje, sino del que tenga mayor capacidad de chantaje’.
Un ejemplo de este bazar y chantaje es el que se refiere al bilingüismo. Que algo tan intangible sea valorado económicamente, con números, cifras y euros es para llevarse las manos a la cabeza. Darle un plus económico a las CCAA para la promoción de las lenguas regionales es más que defendible. Pero darle un suplemento contante y sonante a las CCAA para que los ciudadanos que viven en autonomías bilingües oficialmente no puedan estudiar en español u opositar sin demostrar, a priori, el conocimiento de la lengua cooficial pero no el de la común -que es lo que ocurre en Cataluña, por ejemplo- y, por lo tanto, estos eurillos potencien la desigualdad de oportunidades y la libre movilidad de los ciudadanos, es algo que ya pasa por el arco del progresismo para convertirse en rancio tradicionalismo. Es de suponer que las próximas reformas estatutarias incluyan lenguas cooficiales a gogó en lugares donde nunca antes se supo de la existencia de tanta pluralidad lingüística.
La propuesta de financiación autonómica [aquí un resumen gráfico en PDF del Ministerio de Economía y Hacienda, en un lenguaje algo más asumible] se basa, principalmente, en el reparto del llamado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (80% del modelo), que se repartirá con estos criterios: la población pesará en un 30% como tal y un 38% adicional en función de los grupos de edad; la población de mayores de 65 años pesará un 8,5% y la de menos de 18, un 20,5%; la superficie, que pasa de ponderar un 4,2% a un 1,8%; la dispersión de la población ya no pesa un 1,2%, sino un 0,6%; y la insularidad que se mantiene en el 0,6%. A partir de aquí un sinfín de fórmulas para prorratear y sumar a los recursos adicionales anuales aportados por el Estado. Estos recursos extras han protagonizado las portadas estos dos últimos días, que si 3.855 millones de euros anuales para la Generalidad de Cataluña, según ERC, o 4.000 millones de euros, según el consejero de Economía autonómico, Antoni Castells (para 2012 ya que los extras aumentarán, según parece, de manera progresiva cada año).
Y, una vez puesto más dinero -que no tenemos- encima de la mesa a repartir para todos, la propuesta de financiación autonómica penaliza a las CCAA que nieguen aceptar el acuerdo. Así, el punto 4.12 de ‘Aplicación y revisión’ del acuerdo lo deja bien claro: ‘Teniendo en consideración la aplicación gradual de los cambios introducidos en el nuevo sistema la primera evaluación de los resultados del mismo se realizará con referencia al año 2013. Hasta dicho ejercicio, la financiación de las CCAA que no acepten el nuevo sistema en los 6 meses siguientes a la aprobación de las correspondientes leyes, se regirá a todos los efectos por la legislación en vigor antes del presente acuerdo, con las adaptaciones que sean necesarias. La posterior adscripción de dichas CCAA al nuevo sistema no contemplará en ningún caso compensaciones por los recursos y fondos adicionales no percibidos respecto al periodo comprendido entre 2009 y 2013′.
Por cierto, ¿para cuándo una reforma que ponga encima de la mesa el cupo o concierto económico del País Vasco y Navarra? Y, una más, ¿qué pintan los consejeros de Economía de Navarra y País Vasco en el Consejo de Política Fiscal y Financiera si estas CCAA no aportan a la hacienda pública común?
