“Hijo, no soy el Banco de España”, hemos oído y escuchado miles de veces. Efectivamente, el dinero no se reproduce, por mucha Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que tengamos, a gusto de los gobiernos y menos desde que estamos en el euro. No, al menos, sin consecuencias perniciosas. Lean, lean Del oro al oropel: El hundimiento de la hegemonía hispánica (del brillante profesor de Historia Ernest Belenguer) y sabrán de lo que somos capaces de hacer con una máquina de fabricar billetes en manos de irresponsables.
Desde luego, con la última oferta de financiación autonómica del Gobierno Zapatero hay más dinero a repartir y un nuevo modelo de gestión. La guita solo se puede obtener o gestionar de dos maneras posibles. Una, redistribuyendo el dinero entre ricos y pobres -aceptando la premisa falsa de que las Comunidades Autónomas tributan, cuando lo hacen las personas y las empresas, es decir, los administrados-; y dos, aumentando descomunalmente la deuda del Estado. Se ha optado por esta segunda opción. Ambas igual de válidas. Lo pagaremos todos los españoles, ricos y pobres, personas y empresas. Una cosa es segura, no se podrá decir que la medida es progresista o de izquierdas. Si no fuera porque el PP está en el ‘no’ permanente a todo, el sudoku de Zapatero lo firmaría Rajoy encantado y con los ojos cerrados. Las CCAA que más tributan más reciben; fácil.
Y, además, tampoco se ha conseguido, en lo político, frenar las ansias del nacionalismo/independentismo catalán, si esto fuera posible, claro. Mas (CiU) ya ha dicho que el acuerdo es “ilegal” e “insuficiente”. Y CiU es, cosas de la política y la sociedad, el partido más votado en Cataluña en las elecciones autonómicas. Esto no ha hecho más que… continuar.
Todo esto sin entrar en el verdadero debate de la financiación autonómica que no es otro que la corresponsabilidad política de las CCAA. Es decir, no se trata de impedir o pedir dinero para una Administración autonómica o para otra, se trata, simplemente, de poder castigar políticamente (en las elecciones) a tu administrador por el (mal) uso de la hacienda pública de la que dispone, hasta ahora solo achacable al Gobierno. En plata, ¿cómo puede defender el PSOE que la Generalidad de Cataluña destine recursos públicos a abrir y mantener embajadas por el mundo o plantear constantemente un conflicto con el Estado mientras la sanidad o la educación catalanas, por ejemplo, están más que necesitadas de recursos económicos y humanos? El nuevo modelo no obliga, ni fiscaliza, a las distintas administraciones autonómicas a gastar sus recursos en las necesidades de los ciudadanos. Se sobrentiende. ¡Uf, la fe! ¿Más dinero? Sí, pero ¿para qué?
