Crisis política, crisis institucional, decencia, escandaloso, dimisiones, elecciones anticipadas… En el Reino Unido están que no caben en sí (¡y ya es decir!) como consecuencia de la publicación de los gastos, hasta ahora desconocidos, de los diputados cargados al erario público. Una crisis sin precedentes, se ha llegado a leer y escuchar. Tanto que el presidente de la Cámara de los Comunes, Michael Martin, ha dimitido. Nadie lo hacía desde hace más de 300 años y parece que volverá a tener sentido que arrastren a su sucesor hasta el lugar que le corresponde en la cámara.
La mitad de los diputados está en la cuerda floja, casi una decena de ministros están tan implicados como sus colegas y la oposición, pringada hasta las cejas como sus adversarios, ha pedido elecciones anticipadas. ¡Pero si hasta algún analista político ha pedido que se apruebe una Constitución para el Reino Unido y se deje escrito y delimitado el poder de los comunes, sus señorías!
Las comparaciones en este caso son tan odiosas como apestosas. Se puede resumir con un es legal. Es legal lo que han hecho, con o sin flema británica, laboristas y conservadores (y no solo estos); como es legal lo que se gastan en España en dietas y dispendios personales diputados (autonómicos y nacionales) y senadores. Solo hay una diferencia, una gran diferencia. La dignidad. La responsabilidad, si quieren.
Allí, en el otro continente (¿alguien duda de que Gran Bretaña e Irlanda no son otro continente distinto de Europa?), una información publicada en la prensa (que hace de prensa y no de correa de transmisión) ha destapado la esencia de lo vergonzoso. Se dimite o se obliga a dimitir. Nadie es imprescindible para servir a su Majestad la Reina (excepto esta, claro, que va a jubilar a su hijo). Una gran diferencia.
