Santiago González, El Mundo:
Algo debe de pasar en Cataluña para que la Ley de Política Lingüística promulgada por Jordi Pujol el 7 de enero de 1998 no sea cumplida 11 años después por el tripartito de Montilla. El asunto es tanto más notable si se tiene en cuenta que la invocación de la ley para exigir su cumplimiento ante los tribunales ha sido calificada por el secretario de Política Lingüística, un tal Bernat Joan, como un intento “de hundir el sistema educativo catalán” por parte de quienes “utilizan todas las armas posibles contra el catalán”.
El citado comisario lingüístico ha podido detectar que “la verdadera intención de la denuncia no es defender los derechos de los niños, sino pervertir el principio básico de la educación”, que consiste, al parecer, en instruir a los citados escolares (castellanoparlantes) en la lengua que no dominan. Bien pensado, tiene razón. ¿A quién le interesa formar buenos ingenieros, economistas o abogados, con la escasa demanda que van a plantear las empresas en los años próximos por efecto de la crisis? Es una pérdida de tiempo. En cambio, con el sistema de inmersión lingüística, algo se les pegará de catalán y quizá, quién sabe si en el futuro podrán llegar a presidir la Generalitat, como le ha pasado al señor Montilla.
Por otra parte, esto de las lenguas propias es algo lioso, a poco que se fijen ustedes. Sus adeptos las califican como “tesoro” o “riqueza”, lo que no casa muy bien con la obligatoriedad de su adquisición. Ningún ayuntamiento obligaría a vecino alguno a recoger su parte de los bienes comunales si decide renunciar a ellos. Tampoco parece lógico que a las comunidades bendecidas por la diosa Fortuna o por la historia con la riqueza lingüística de una lengua cooficial tengan que pagarles la financiación a escote entre las autonomías que han tenido la mala potra de tener sólo una lengua, que ni siquiera es propia, y a la que se empieza a discutir la cualidad de común, según pretende Touriño y debe de parecerle bien a Zapatero.
El asunto es que el Tribunal Supremo ha interpretado la Ley en unos términos en los que la interpretaría cualquiera por rudimentarios que fueran sus conocimientos de derecho, que allí (artículo 21.2) donde la ley dice que: “la Administración ha de garantizar este derecho [el de los niños a recibir su primera enseñanza en su lengua habitual] y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo”, han entendido exactamente lo mismo que ustedes al leerlo y que el reconocimiento de que los padres o tutores “lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique” tampoco requiere de grandes dotes intelectuales para su interpretación, salvo acaso para el azaroso currículum académico de algunos gobernantes autonómicos.
Ni siquiera se trata ya de aplicar el sentido común en la educación de unos escolares que si no destacan entre sus pares europeos es porque los responsables del informe Pisa se empeñan en examinar sus conocimientos en distintas materias y así, claro, nunca se darán cuenta de que todos los niños catalanes, incluidos los que tienen el castellano como lengua materna, hablan mejor el catalán que los aventajados escolares finlandeses, que son los primeros en casi todo lo demás.
Es verdad que ahora se llevan mucho las analogías mostrencas y el Govern podría reivindicar un pase foral para Cataluña: “se obedece, pero no se cumple”. Deberían saber que ya no se lleva y que las leyes que incumplen no son las de la Monarquía española. ¿Por qué no miran con tanto embeleso a la ley como a la lengua, cuando la primera es tan propia como la segunda?
