No se ha escuchado un solo argumento razonado y digno de toda lógica en contra de lo que han firmado recientemente los obispos. Bueno, razonado y argumentado, uno sÃ, el de Santiago González, que recuerda a la Conferencia Episcopal que en el tema del terrorismo lo primero que deberÃan hacer es afear “a los colegas vascos y al emérito de San Sebastián, tan partidarios de negociar” con ETA. Eso y el impecable punto octavo de la nota de la Conferencia Episcopal es lo más destacable:
Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explÃcita ni implÃcitamente a una organización terrorista como representante polÃtico de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor polÃtico.
El resto, ataques a discreción. Ataques sin sentido, por otro lado. El pescado electoral -en lo que pueda influir la Iglesia española- está vendido. Ni un voto ha ganado el PP con el nuevo texto. Entonces ¿por qué la crÃtica desde las filas del PSOE? Los polÃticos que defienden el laicismo del Estado son los primeros en darle a los representantes católicos carácter de representantes civiles. No. Miren. Los obispos hablan (y escriben, por cierto, muy bien, algo que no pueden decir otros representantes de distintos sectores de la sociedad) como lo hacen, o podrÃan hacerlo, el gremio de mecánicos, panaderos o el tan cacareado lobby gay, que ha influido -para bien o para mal- en Zapatero. ¿Acaso no es esto lo que pretende la Conferencia Episcopal?
Las estadÃsticas, en este aspecto, no deben engañar mucho. Un 79,4% de los encuestados por el CIS en 2005 -preguntas 35 y 35a- se declaraban católicos, y del 81,7% que se consideraba creyente (católicos más un 2,3% de creyentes de otras religiones) solo el 18,1% era considerado practicante. No parecen unos números como para que el PSOE deba salir a responder cada escrito de la Conferencia Episcopal. Además, dónde está escrito que en el PSOE no tengan cabida católicos practicantes. La primera frase del comunicado del PSOE hubiera bastado:
Cualquier organización tiene derecho a expresar sus preferencias polÃticas.
El resto sobra. Es una cuestión de libertades: de expresión y de opinión. Y cada uno en su sitio.
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